La Cámara Nacional del Trabajo confirmó hoy una condena a la Fundación Favarolo por el despido de un enfermero al que la institución había acusado de filmar sin autorización la operación a «corazón abierto» de un paciente, por considerar que la prueba presentada en el juicio «no logró acreditar» el hecho.
En coincidencia con el fallo de primera instancia la Sala V de la Cámara sostuvo que si bien las imágenes de la operación fueron difundidas entre compañeros del enfermero, la demandada no pudo probar que fueron obtenidas por C.R.M.C. con su teléfono móvil, como había alegado.
A criterio del tribunal, la fundación «no logró acreditar la causa invocada para rescindir el contrato laboral», por lo que los camaristas Gabriel De Vedia y Beatriz Ferdman decretaron la «ilegalidad del despido» y exigieron que se le abone al enfermero la suma de 1.267.292,45 pesos por la totalidad de los rubros indemnizatorios.
La fundación había despedido a C.R.M.C. el 31 de marzo de 2017 mediante un acta notarial que, como el empleado se negó a firmar, ratificó luego mediante una misiva en la mencionó la «gravísima falta» en la que había incurrido semanas antes «en ocasión de estar cumplimentando sus funciones de enfermero en la asistencia médica de urgencia que se estaba desarrollando en la Sala de Emergencias de la institución».
La demanda señaló que el enfermero «procedió a filmar con su celular el procedimiento a corazón abierto que se estaba llevando a cabo» a un paciente cuya historia clínica identificó, y remarcó que «además de ello» el empleado procedió a difundir dicha grabación», al menos a un compañero de trabajo.
Sin embargo, la Sala V de la Cámara consideró que las declaraciones de los testigos ofrecidos por la fundación -compañeros y superiores jerárquicos del despedido- carecieron de certeza y que el video con el que fundamentó la desvinculación laboral no solo no se aportó a la causa sino que ni siquiera fue ofrecido como prueba.
